La Defensora del Pueblo defiende la constitucionalidad de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, a pesar de que diversas asociaciones han puesto en su conocimiento una sólida y numerosa argumentación científica que alerta de los graves daños a la salud que producirá su aplicación, al estar claramente dirigida a facilitar con menores controles la implantación de las redes de telecomunicaciones en España.