El Gobierno municipal de Donostia prepara una nueva ordenanza municipal para la instalación de antenas de telefonía que se aprobará en enero, según anunció el concejal de Medio Ambiente, Axier Jaka, que aseguró que la normativa actual, que data de 2002, debe modificarse para “adecuarse a las recomendaciones de los informes de especialistas”.

La nueva norma será “garantista”, según dijo Jaka, y tratará de impedir que las emisiones sean superiores a 0,1 microvatio por centímetro cuadrado, tal y como aconseja el Consejo de Europa. En la actualidad, la normativa prohíbe que las emisiones sean superiores a los 450 microvatios por centímetro cuadrado, según establece la ley estatal, aunque el Ayuntamiento considera que con menores emisiones, del nivel de las aconsejadas, se puede seguir ofreciendo el actual servicio de telefonía móvil que reclama la sociedad.

Uno de los expertos consultados por el Gobierno municipal para redactar la nueva norma, Pedro Costa, manifestó ayer que “se pueden aplicar normativas más garantistas sin ningún problema para el servicio de telecomuncaciones, como se hace en países como Italia, Bélgica, Luxemburgo o Lienchestein”. Por su parte, el investigador José Luis Bardasano, inició en los problemas de salud que acarrean las radiaciones no ionizantes.

El Ayuntamiento de Donostia realizó un estudio sobre emisiones hace año y medio, en el que se analizaron 42 puntos urbanos en distintos momentos. Aunque todos los lugares cumplen con las normativas legales, el 38% de los puntos estaban por debajo de las indicaciones del Consejo de Europa, el 29,7% se hallaban en torno a esa cifra, mientras que el 31,% restante superaba los niveles recomendados.

La ordenanza, pues, tratará de impedir que las antenas de Donostia superen estos límites.

Se trata de un articulo publicado en el blog bioelectrica donde se nos explica detalladamente como están echas las placas de inducción y los nocivas que pueden ser para la salud.

La Defensora del Pueblo defiende la constitucionalidad de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, a pesar de que diversas asociaciones han puesto en su conocimiento una sólida y numerosa argumentación científica que alerta de los graves daños a la salud que producirá su aplicación, al estar claramente dirigida a facilitar con menores controles la implantación de las redes de telecomunicaciones en España.
Dice que la vulneración por una ley de tratados internacionales ratificados por España y del Derecho de la Unión Europea no convierten a una Ley en inconstitucional, a pesar de que según la propia Constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.
Señala que el legislador ha buscado atajar algunas prácticas consistentes en que bajo el título de la protección ambiental lo que algunas administraciones han buscado ha sido dejar sin efecto la legislación de telecomunicaciones, sin argumentar los motivos por los que esto ha ocurrido (protección de la salud).
Dice que las referencias a la salud y al medio ambiente en la Ley son numerosas, pero no es capaz de citar más de media docena de disposiciones que se refieran a ello en una Ley que contiene 84 artículos, 19 disposiciones adicionales, 12 transitorias, una derogatoria y 11 finales.
Dice que la Ley no ha prescindido del principio de precaución, aunque reconoce que ni siquiera es citado.
Dice que dicha Ley no incide de forma directa en la salud, aunque reconoce que las materias que regula recaen sobre objetos y artefactos que inciden en la salud y que existe incertidumbre científica sobre el riesgo existente ante el despliegue de las telecomunicaciones y sus efectos.
Dice que no se deduce que las personas u organizaciones firmantes de la solicitud de inconstitucionalidad de dicha Ley se hayan dirigido a los Ministerios competentes, ni aportado las respuestas que éstos hayan podido dispensarles, pero tampoco se ha molestado lo más mínimo en requerirles dicha documentación.
Comenta que la opinión del Defensor del Pueblo sobre las cuestiones planteadas ha quedado plasmada en informes anuales anteriores, poniendo como ejemplo el informe correspondiente a 2006, cuando ha habido mucha más información científica sobre esta materia en los ocho años posteriores a dicha fecha. Sorprende que si como dice la Defensora del Pueblo, muchos de los estudios planteados eran ya conocidos por la Institución, no haya iniciado hasta ahora de oficio ninguna actuación monográfica relativa a la actuación de las Administraciones públicas en esta materia. También sorprende que para demostrar cómo se informa al público sobre estas cuestiones tenga que remitirse a la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en vez de al de Sanidad, que por competencias debería ser el que realmente interviniera en ese aspecto.

Se trata de un estudio realizado por la Diputación de Valladolid donde se muestran de forma clara los peligros y las propuestas de actuación ante las nuevas tecnologías.

La instalación de una antena de telefonía móvil en el edificio de la Biblioteca General de la Universidad de Alicante (UA) genera mucha polémica entre los estudiantes y profesores.

Los  trabajadores del centro han iniciado una campaña para recoger todas las firmas posibles contra la instalación de la antena en uno de los edificios más frecuentados de la universidad. El texto lo han titulado «No más radiaciones electromagnéticas en la UA» y que ya ha recabado el apoyo de casi 400 personas a través de una conocida plataforma digital de recogida de firmas, va dirigido al vicerrector del Campus y Sostenibilidad, Rafael Muñoz, con el objetivo de «paralizar el proyecto de instalación de una antena de telefonía móvil en la Biblioteca General de la UA y que no la instalen en ningún otro lugar del campus».

Liderada por la Plataforma por una Universidad Saludable de la UA, el escrito subraya que «cada vez hay más informes científicos que avalan el impacto nocivo que tiene sobre la salud de las personas la exposición a las radiaciones electromagnéticas que emiten las antenas de telefonía móvil».

El vicerrector Rafael Muñoz aseguró que la polémica antena sólo entrará en funcionamiento «si cumple con toda la normativa vigente». Desde el centro universitario, Muñoz señala que la seguridad de la comunidad universitaria siempre será una prioridad, pese a que la cobertura en el campus de San Vicente sea deficiente, ya que depende de las antenas situadas en el centro comercial y en el parque del Consorcio Provincial de Bomberos. «La instalación no busca un beneficio económico para la Universidad, ya que recibiremos una compensación como cualquier comunidad de vecinos, nada significativo. Sólo queremos que se cumpla el acuerdo alcanzado con la empresa de telefonía para que la cobertura en el campus sea la correcta, pero siempre priorizaremos la seguridad de los trabajadores y estudiantes», confirma el responsable universitario.

El objetivo del Ayuntamiento de l’Alcúdia ha sido comprobar si se cumplen las recomendaciones internacionales, así como la normativa vigente relativa a la protección contra la radiación electromagnética. Ya que el pasado mes de septiembre encargó a la Universitat de València un informe para conocer los niveles de radiación en ocho zonas de l’Alcúdia.
Los resultados del estudio de la Universitat de València ven «preocupante» la radiación de las antenas en algunas viviendas de l’Alcúdia.
Según el informe en muchos puntos de la localidad los niveles están por encima de la recomendación de Salzburgo (Austria), que lo fija en 0,1 microwatios por centímetro cuadrado.
Este documento asegura que las zonas más afectadas son los últimos pisos de las viviendas cercanas a las antenas de telefonía.
Así, existen algunas casas que tienen más del 50% de su superficie con niveles superiores a los 0,1 microwatios por centímetro cuadrado, mientras que algunas habitaciones tienen el 100% de las medidas por encima de este valor. «Esto es preocupante en dormitorios de adultos y niños», según destaca el documento encargado por el Consistorio.
Otras zonas que superan el nivel recomendado por Salzburgo es el colegio Batallar, que tiene el 100% de la superficie del aula de música y el patio por encima de 0,1 microwatios por centímetro cuadrado.
Los colegios infantiles situados en la calle Calvo Acacio número 3 presentan «ligeros» niveles por encima de las recomendaciones.
«El 2% de las medidas en la planta baja superan los 0,1 subiendo este porcentaje al 7% en la primera planta», según señala el informe de las medidas de Campo Electromagnético en l’Alcúdia.
Este documento asegura que se está vulnerando la normativa que considera los colegios como espacio sensible y como tal deben ser protegidos, minimizando la radiación en su entorno. «Según las medidas practicadas esta minimización no es efectiva en el colegio público Batallar de l’Alcúdia», señala el informe.
A pesar de los niveles superiores a la recomendación de Salzburgo en algunas zonas de l’Alcúdia, el documento realizado por la Universitat de València destaca que todos los niveles están muy por debajo de la normativa aplicable, que va de 450 microwatios por centímetro cuadrado a 900 megahercios.
De esta forma, el informe concluye que las medidas cumplen con la normativa pero sus niveles de referencia no consideran los impactos de la radiación a largo plazo.
Para elaborar este estudio, desde el departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo tomaron medidas el pasado 14 de septiembre, de diez y media de la mañana a nueve de la noche, en diferentes calles de l’Alcúdia situadas junto a las antenas.
Los técnicos recogieron las medidas de radiación en seis viviendas situadas en las calles: Joan Fuster, Germanies, Calvo Acacio, San Vicente, Santiago Apóstol y la plaza de la Diputación. Además, también registraron los niveles del colegio infantil Sant Andreu y del centro Batallar.

El AMPA del instituto Aquis Querquernis, en Bande, Orense, se quejan de que la Consellería de Educación «hace oídos sordos a los padres y madres de la Baixa Limia que están en contra de la instalación de más antenas IP OFDM en el centro base y quiere instalar una tercera antena», a lo cual se han opuesto.
El 24 de octubre se mantuvo una reunión en el instituto Aquis Querquernis, a la que asistieron los miembros de la directiva del consejo escolar, una delegación de la Consellería de Educación de la Xunta formada por la jefa territorial, el inspector jefe de la zona, personal de la empresa R y el Subdirector Xeral de Sistemas Informáticos. En la misma, el consejo escolar expuso su rechazo a las antenas instaladas y pidió su retirada y nueva ubicación lejos del centro educativo.
Los representantes de la administración se comprometieron entonces a evaluar los informes y documentos que certificaran la inocuidad de las antenas y tomar mediciones de campo, además de establecer un diálogo sobre la nueva ubicación de las antenas. Pero «hasta el día de hoy no obtuvimos respuesta alguna, por lo que los padres y madres de la Baixa Limia piensan que algo grave debe de haber detrás de los datos e informes, cuando la administración no se los hace llegar a la comunidad escolar».
Además el AMPA del IES Aquis Querquernis se encontró este lunes con unos técnicos en el patio del instituto que pretendían instalar una tercera antena. Sin llegar los informes, sin realizar las mediciones, sin hablar con el consejo escolar, en definitiva, «sin tener en cuenta a los padres de la Baixa Limia preocupados por la salud de sus hijos», denuncian estos progenitores.
Así, considerando un agravio por parte de la administración esta decisión unilateral, los padres allí presentes impidieron la instalación de la nueva antena, rodeando la grúa e inmovilizándola. Por último, desde el AMPA del instituto solicitan, por tercera vez, la reconsideración por parte de la administración de la ubicación de las antenas.

El martes, la Junta de Supervisores de San Francisco aprobó una nueva ordenanza que ordena a los minoristas de teléfonos celulares mostrar y distribuir una hoja informativa que explique las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos celulares y cómo los consumidores pueden reducir su exposición.

Esta ordenanza emmienda la controversial Acta de Derecho a Saber sobre los Teléfonos Celulares, una ley similar de la ciudad, aprobada el año pasado, que requería a los minoristas de celulares publicar y distribuir la información de radiación por cada marca y modelo de celular que venden. Eso habría sido un reto importante para los minoristas, debido a la gran cantidad de tipos de teléfonos que cualquier tienda vende y a la rapidez con que ese inventario cambia.

La aplicación de la ley original fue echada por tierra después de que la Asociación de Celular Telecomunicaciones e Internet de Estados Unidos (CTIA, por sus siglas en inglés, el brazo de cabildeo de la industria inalámbrica) demandara a la ciudad. Hasta el momento se desconoce cuando entrará en vigor la nueva ley.

El riesgo de la radiación del teléfono celular sobre la salud es un tema candente para muchas personas, y esta controversia definitivamente no está relacionada únicamente con la ciencia. De hecho, está probablemente más relacionada con la percepción del riesgo, más que con el nivel o la naturaleza del riesgo.

¿Qué dice la ciencia? La preocupación resurgió en mayo, cuando la Organización Mundial de la Salud clasificó los campos electromagnéticosproducidos por los teléfonos móviles como “posiblemente cancerígenos en seres humanos”. En dicho anuncio, la OMS declaró:

“Un gran número de estudios han sido realizados en las últimas dos décadas, para evaluar si los teléfonos móviles suponen un riesgo potencial para la salud. Hasta la fecha, no se han establecido efectos adversos para la salud causados por el uso del teléfono móvil (…) Aunque un aumento del riesgo de tumores cerebrales no está establecido, el creciente uso de los teléfonos móviles y la falta de datos sobre el uso del teléfono móvil durante períodos de tiempo más largos de 15 años merecen investigación adicional acerca del uso de estos dispositivos y el riesgo de cáncer cerebral (…) La OMS llevará a cabo una evaluación formal de riesgo a partir de todos los resultados de salud estudiados acerca de la exposición a campos de radio frecuencia para el año 2012”.

El Ayuntamiento de Leganés ha aprobado una nueva ordenanza reguladora para la instalación y emisión de las antenas de telefonía móvil en la localidad. Esta ordenanza reducirá hasta  4.000 la potencia de las emisiones. Podría entrar en vigor antes de que finalice el año para las nuevas instalaciones.

La nueva ordenanza limitará el nivel máximo de emisión de estas instalaciones en los núcleos urbanos a 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, en una normativa pionera y innovadora en el país.

Para hacer viable y sobretodo verídica esta nueva ordenanza va acompañada de un “control informativo” que los propios vecinos pueden consultar. Se trata de un programa realizado por la Universidad Politécnica que facilita los datos de la emisión a tiempo real y la ubicación de las antenas.  La nueva normativa también endurecerá las sanciones para las operadoras que incumplan estos parámetros— incluirá, además, una comisión consultiva para potenciar la “participación ciudadana“.

“El objetivo —ha precisado el teniente de alcalde— no es limitar la actividad comercial de las empresas, porque está demostrado que es suficiente con la potencia que fija la normativa, sino garantizar que el nivel de potencia se controla en zonas sensibles“.

Por su lado, el PP ha votado en contra de la propuesta al considerar que la reducción supondrá un “apagón” tecnológico del servicio si no se multiplica el número de antenas por 4.500 veces.

A estas críticas, el primer teniente de alcalde, ha respondido que las operadoras de telefonía no han presentado alegaciones al asunto de la reducción de potencia, aunque ha admitido que han solicitado un plazo de doce meses para “adaptarse” a la nueva normativa. “No se limitará el uso de las nuevas tecnologías ni habrá apagón”, ha señalado tras asegurar que el PP ha utilizado normativa ya “derogada” para elaborar sus alegaciones.

Un grupo numeroso de vecinos achacan a la instalación de la antena varios casos de cáncer. Dicen los expertos que es en al octavo año de la exposición a la radiación que se empiezan a notar los efectos, y según los vecinos, se cumple; según Javier Fontenia, portavoz de la plataforma vecinal llevan diez años sufriendo la antena.Tanto es así que afirma que desde hace un par de años los casos de cáncer entre la comunidad vecinal empezaron a ser habituales y sospecharon de la instalación.

El pasado 14 de julio tuvo lugar la primera movilización para exigir la retirada de esa antena. Ayer, nueve meses después, una treintena de residentes volvieron a salir a la calle para gritar  la misma “¿por qué no la queremos aquí?”, “Porque es mala”. La preocupación en el vecindario es evidente. En cada portal hay uno o dos residentes del barrio a los que les han diagnosticado algún cáncer o que, en el peor de los casos, han fallecido. La relación entre la antena y esas dolencias no está del todo probada científicamente, pero los vecinos, afirmaban que “si está regulado para que no las instalen cerca de los colegios es porque algo malo tienen”, señalan que “aquí hay niños y gente mayor”.

La antena fue instalada en marzo del 2000 por Telefónica Móviles que suscribió un contrato con la comunidad de propietarios de la finca número 18 de Luis Pimentel por diez años. Eso significa que el mes pasado vencía el acuerdo, y días antes le comunicó el presidente de ese inmueble a los miembros de la plataforma que no aceptarían una prórroga. La comunidad puso en manos de una gestora todos los trámites. Y esta envió a Telefónica Móviles un burofax en el que les planteaban sus planes de rescindir el contrato. No obstante, hasta ahora no se ha percibido movimiento alguno en el inmueble y la antena sigue coronando el edificio. Por lo que Fontenla señalaba que “hasta que no la quiten no estaremos tranquilos”. Así las cosas, el portavoz de la plataforma señaló que un representante de la comunidad del polémico edificio le comunicó informalmente que en próximos días cortarán el suministro eléctrico de la antena y Telefónica Móviles lo certificará a través de un documento. La retirada de la instalación y la reposición del tejado, señaló, quedarán para más adelante, “para cuando haga buen tiempo”.