El partido socialista de Yecla ha llevado al pleno una moción pidiendo al Ayuntamiento que apoye las reivindicaciones de los vecinos del barrio García Lorca que exigen la retirada de las antenas de telefonía móvil puesto que ellos consideran que son las causantes de un número elevado de enfermedades graves.

“El barrio de Lorca se está viendo afectado por muchísimas enfermedades y trastornos graves que podrían estar relacionados con la presencia de las antenas de telefonía móvil y que incluso muchos vecinos se hayan marchado por miedo a las consecuencias de seguir viviendo cerca de estas antenas” afirma uno de los vecinos.

A ello hay que añadirle que, en caso de confirmarse esta situación, se trataría de una zona de alto riesgo por la cercanía al propio jardín de la Plaza, un colegio de primaria a 200 metros, un centro de lectura, un Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato a 250 metros y
dos colegios más de Primaria también muy próximos” ha explicado el edil socialista Salvador Santa al presentar la moción que su Grupo presentará al próximo pleno.

Salvador Santa, el portavoz socialista, ha exigido que “ante la existencia de esta importante demanda social el Grupo Municipal Socialista, en aplicación del Principio de PRECAUCIÓN y con el objetivo de ofrecer la necesaria seguridad para la salud de nuestros ciudadanos, considera conveniente y necesario que el Ayuntamiento de Yecla se comprometa a iniciar los trámites para la realización de los estudios técnicos y mediciones necesarias que permitan trasladar estas antenas a una ubicación que ofrezca mayor seguridad y garantías a los vecinos del municipio“.

El concejal socialista ha destacado que la moción pretende apoyar las demandas de los vecinos, solicitar la realización de los estudios técnicos y mediciones necesarias y el compromiso de que el próximamente todas las antenas sean remplazadas fuera del casco urbano y situadas donde no supongan un riesgo para la salud pública.

El Gobierno municipal de Donostia prepara una nueva ordenanza municipal para la instalación de antenas de telefonía que se aprobará en enero, según anunció el concejal de Medio Ambiente, Axier Jaka, que aseguró que la normativa actual, que data de 2002, debe modificarse para “adecuarse a las recomendaciones de los informes de especialistas”.

La nueva norma será “garantista”, según dijo Jaka, y tratará de impedir que las emisiones sean superiores a 0,1 microvatio por centímetro cuadrado, tal y como aconseja el Consejo de Europa. En la actualidad, la normativa prohíbe que las emisiones sean superiores a los 450 microvatios por centímetro cuadrado, según establece la ley estatal, aunque el Ayuntamiento considera que con menores emisiones, del nivel de las aconsejadas, se puede seguir ofreciendo el actual servicio de telefonía móvil que reclama la sociedad.

Uno de los expertos consultados por el Gobierno municipal para redactar la nueva norma, Pedro Costa, manifestó ayer que “se pueden aplicar normativas más garantistas sin ningún problema para el servicio de telecomuncaciones, como se hace en países como Italia, Bélgica, Luxemburgo o Lienchestein”. Por su parte, el investigador José Luis Bardasano, inició en los problemas de salud que acarrean las radiaciones no ionizantes.

El Ayuntamiento de Donostia realizó un estudio sobre emisiones hace año y medio, en el que se analizaron 42 puntos urbanos en distintos momentos. Aunque todos los lugares cumplen con las normativas legales, el 38% de los puntos estaban por debajo de las indicaciones del Consejo de Europa, el 29,7% se hallaban en torno a esa cifra, mientras que el 31,% restante superaba los niveles recomendados.

La ordenanza, pues, tratará de impedir que las antenas de Donostia superen estos límites.

La operadora Vodafone ha desmontado una antena de telefonía móvil instalada en la cortijada Los Pérez de Vélez-Málaga, a la que los vecinos culpan de los más de cincuenta casos de cáncer que se han dado en los últimos años entre los 350 habitantes de esta barriada.

Los afectados culparon de la situación a la antena, con la que conviven desde hace dieciocho años, aunque las mediciones efectuadas corroboraron que el nivel de emisiones estaba dentro de los límites establecidos por la ley.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ordenó en noviembre del 2009 su retirada, no por la incidencia de esta estructura sobre la salud de los vecinos de la zona, sino porque fue instalada en 1995 sin que la operadora tuviera licencia para ello. Esta orden municipal fue recurrida por la empresa en los tribunales, pero después de años de litigio se ha alcanzado un acuerdo definitivo para su retirada, que comenzó en diciembre del 2011, aunque los vecinos han tenido que esperar dos años y medio más para el desmontaje definitivo de esta instalación radioeléctrica.

La concejala de Urbanismo y Nuevas Tecnologías, Concepción Labao, ha mostrado su satisfacción en un comunicado por la culminación de las negociaciones entre el Ayuntamiento y la empresa Vodafone con la retirada de la antena, que carecía de licencia y que ya ha dejado de emitir señal.

Labao ha señalado que el equipo de gobierno, desde su llegada al Ayuntamiento en junio de 2011, ha intentando buscar una solución a esta situación. «Pese a no conseguirse la autorización del juez para actuar sobre esta antena, la opción que nos quedaba era la de negociar con su propietaria, y tras varias reuniones a lo largo de los últimos años, Vodafone ha entendido la petición de los vecinos y del propio Ayuntamiento y esta mañana ha procedido a su retirada», ha manifestado la concejala. «El control de las emisiones de las antenas las realiza el Ministerio de Industria, y hemos trabajado en campañas de concienciación sobre este tema y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad sobre este asunto, ya que en la actualidad hay más controles que nunca sobre sus emisiones», ha precisado Labao.

Los vecinos de la calle Salvino Sierra de la capital palentina y su entorno darán en los próximos días un paso más en su protesta: colgarán carteles que muestren a los palentinos su oposición a la instalación de dos antenas de telefonía móvil en la zona.
Los presidentes de las comunidades afectadas mantuvieron una reunión, en la que se adoptó la medida de los carteles y en la que se propuso informar sobre los posibles riesgos que conlleva habitar cerca de una antena de telefonía móvil.
Los afectados han invitado a gente especializada en el tema, concretamente de la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones (Avaate), que integra a personas que padecen o han padecido las consecuencias de la instalación, generalmente ilegal, de antenas cerca de sus domicilios o lugares de trabajo.
La intención de los afectados es concienciar tanto a los vecinos de la zona como al resto de palentinos, de ahí que también hayan invitado a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia.
Por otra parte, continúa la recogida de firmas entre los afectados y el enfado con el Ayuntamiento capitalino no ha disminuido. De hecho, los cambios que se han llevado a cabo en la instalación de una antena en los últimos días, que ahora luce con mayor diámetro, ha despertado nuevas quejas entre los vecinos, cuyos portavoces critican no tener noticias del Ayuntamiento sobre sus quejas y peticiones.

La nueva ley de telecomunicaciones anula la necesidad de que una operadora cuente con licencia para colocar repetidores además el Gobierno podrá expropiar azoteas para instalar antenas de telefonía sin contar con los vecinos. Los municipios se rebelan contra la norma por invadir sus competencias.

El artículo 29 de la nueva norma establece que «los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas.». Si el Ministerio de Industria, entiende que no hay más remedio, una comunidad de vecinos podría ver cómo se instala de manera obligatoria una antena en su azotea, a pesar de la alarma social que generan estas infraestructuras por los posibles problemas de salud que puedan ocasionar.

Este aspecto, que afecta en gran medida a Galicia debido a las complicaciones que para las telecomunicaciones ofrece su orografía, marca un cambio rotundo en este terreno, pues hasta ahora la instalación de antenas requería el consentimiento de los propietarios, así como dos licencias municipales. Ambos trámites podrán quedar en el cajón con el nuevo marco legislativo.

La norma fue aprobada el pasado día 29 de abril en el Congreso y ya emboca la recta final de su tramitación en el Senado. Los alcaldes ya han alzado la voz de alarma. El asunto ha sido debatido en la cúpula de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con gran malestar por los alcaldes. Además, la federación nacional (FEMP) ha presentado alegaciones arremetiendo contra el texto.

Los ayuntamientos, conscientes del rechazo que suelen provocar las antenas, no quieren ser relegados a la hora de decidir su instalación porque serán ellos quienes lidiarán luego con las quejas vecinales. Además, falta un año tan solo para las próximas elecciones municipales.

El impacto visual es otro elemento sobre el que los municipios pierden poder, pues la ley permitirá «despliegue aéreos y por fachadas de cables» de telecomunicaciones. La FEMP entiende que se vulnerarán miles de planes urbanísticos que no permiten esos cables al aire en fachadas.

La operadora Vodafone ha desinstalado la antena de telefonía móvil instalada en la cortijada Los Pérez de Vélez-Málaga, a la que los vecinos culpan de los más de cincuenta casos de cáncer que se han dado en los últimos años entre los 350 habitantes de este barrio. Los afectados culparon de la situación a la antena, con la que conviven desde hace dieciocho años, aunque las mediciones efectuadas corroboraron que el nivel de emisiones estaba dentro de los límites establecidos por la ley.

Sin embargo, el Ayuntamiento ordenó en noviembre del 2009 su retirada porque fue instalada en 1995 sin que la operadora tuviera licencia para ello. Esta orden municipal fue recurrida por Vodafone en los tribunales, pero después de años de litigio se ha alcanzado un acuerdo definitivo para su retirada, que comenzó en diciembre del 2011, aunque los vecinos han tenido que esperar dos años y medio más para el desmontaje definitivo de esta instalación radioeléctrica.

La concejala de Urbanismo y Nuevas Tecnologías, Concepción Labao, ha mostrado su satisfacción en un comunicado por la culminación de las negociaciones entre el Ayuntamiento y la empresa Vodafone con la retirada de la antena, que carecía de licencia y que ayer dejó de emitir señal.

La edil ha felicitado a los vecinos y ha querido agradecer «su paciencia», ya que llevaban más de seis años exigiendo esta retirada, «que sólo ha podido acometerse mediante el diálogo y la negociación, ya que el consistorio no contaba con autorización judicial para la entrada al recinto de la antena». «Pese a no conseguirse la autorización del juez para actuar sobre esta antena, la opción que nos quedaba era la de negociar con su propietaria, y tras varias reuniones a lo largo de los últimos años, Vodafone ha entendido la petición de los vecinos y del propio Ayuntamiento y esta mañana ha procedido a su retirada», ha manifestado la concejala.

Por otro lado, ha señalado que, desde hace más de un año, el consistorio viene trabajando y consensuando con las operadoras para la regularización de estas instalaciones radioeléctricas. «El control de las emisiones de las antenas las realiza el Ministerio de Industria, y hemos trabajado en campañas de concienciación sobre este tema y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad sobre este asunto, ya que en la actualidad hay más controles que nunca sobre sus emisiones», ha precisado la concejala.

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética, PECEEM, integrada por asociaciones de afectados por la contaminación electromagnética, Ecologistas en Acción, Confederaciones de Vecinos y organizaciones sociales lamentan que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones haya pasado su trámite en el Congreso de los Diputados sin atender las demandas y propuestas que estas organizaciones presentaron a los grupos políticos fundamentadas en la Resolución 1815.
La Asamblea Parlamentaria propone 23 recomendaciones a los Estados miembros del consejo de Europa, de las que se destacan:
* Adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, y en especial la exposición de los/as niño/as y jóvenes que al parecer corren el mayor riesgo de tumores de la cabeza.
*Reconsiderar la base científica actual.
* Prestar especial atención a las personas «electrosensibles» afectadas por un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos.
* Dar preferencia para los/as niños/as en general, y en especial en los centros de enseñanza y en las aulas, a las conexiones a Internet por cable, y regular estrictamente el uso de teléfonos móviles por parte de los/as niños/as en el recinto escolar.
Los ciudadanos organizados nos sentimos desconcertados ante las incongruencias y la falta de sintonía entre las diferentes instituciones que elegimos y nos representan y sobre todo por la inconcebible falta de atención del Parlamento español ante las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria de Europa.
Esta Ley permitirá un aumento de estaciones base y redes inalámbricas con el consiguiente aumento, también, de los niveles de exposición de la población a las radiofrecuencias, que seguirán en aumento a medida que avanza la tecnología.
La no revisión, antes de la aplicación de esta Ley de Telecomunicaciones, del Real Decreto Ley 1066/2001 que establece las restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas y, como dice el Consejo de Europa, “esperar a que haya niveles altos de prueba científica y clínica antes de tomar medidas para prevenir riesgos bien conocidos puede llevarnos a costes económicos y sanitarios muy elevados, como fue el caso del amianto, la gasolina con plomo y el tabaco.”
Suprimir las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de las redes sustituyéndolo por una simple declaración de responsabilidad representa un grave recorte de las competencias municipales y autonómicas en materia de medio ambiente, salud pública, seguridad pública y ordenación urbana, olvidando los derechos de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente saludable y a preservar el derecho a la salud.
Pedimos a nuestros representantes que atiendan a las demandas y preocupaciones de los/-as ciudadanos/—as y que pongan por delante de los intereses particulares y lucrativos de las grandes corporaciones el derecho básico a la salud de la población introduciendo en el trámite del Senado de esta Ley las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

La Asociación Vecinal Rondilla, en Valladolid, reclama al juzgado el cumplimiento de la sentencia que ordena desmantelar la antena de la plaza Ribera de Castilla por lo que la compañía telefónica Vodafone ha de desmantelar la estación de telefonía móvil de plaza Ribera de Castilla 12 y 13. Dicha asociación ha presentado una nota de prensa donde exponen sus quejas y razones.

18 de febrero de 2014

En la demanda emprendida por la Asociación Vecinal Rondilla y por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 14 de octubre de 2013, que ratificó la del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Valladolid de 22 de noviembre de 2012, la empresa de telecomunicaciones Vodafone fue condenada a la clausura y desmantelamiento de la estación de telefonía móvil que instaló ilegalmente en la plaza Ribera de Castilla 12 y 13, en el barrio de la Rondilla.

No obstante estas resoluciones de los jueces, transcurridos cuatro meses desde el último y definitivo fallo judicial, al día de la fecha Vodafone continúan sin hacer efectivo el mandato de ambos Tribunales de Justicia, manteniendo la instalación íntegramente.

En paralelo, el Servicio de Control de la legalidad Urbanística del Ayuntamiento de Valladolid, en escrito de fecha 15 de noviembre de 2013, vista la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, resolvió mediante decreto de Alcaldía nº 12.840 el inmediato cese de la actividad de la estación de telefonía móvil de la plaza Ribera de Castilla 12 y 13, y ordenó su desmonte y demolición, concediendo un plazo máximo de diez días para llevarla a efectos.

Ante este cúmulo de anomalías e incumplimientos, la Asociación Vecinal ha elevado al Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Valladolid escrito de ejecución de sentencia, requiriendo urgente cumplimiento de sentencia, entendiendo que nuevos aplazamientos han de apreciarse como desobediencia punible, exigiendo como tal la responsabilidad civil y penal en la que Vodafone puede haber incurrido.

En todo caso, corresponde subsidiariamente al Ayuntamiento la ejecución con cargo a Vodafone del desmantelamiento y demolición de la estación de telefonía móvil de la plaza de Ribera de Castilla 12 y 13, actuación que comprende no sólo la ejecución material de las obras sino también los honorarios técnicos, seguros de responsabilidad civil y demás gastos que se deriven de esta actuación, que se exigirán por vía de apremio sobre el patrimonio de Vodafone.

Asociación Vecinal Rondilla

Las nueva comisaria de la Policía Municipal de Madrid en el distrito de Arganzuela se inauguraró en 2010. Ahora, tres años después, cuatro policías y una limpiadora de esta comisaría han enfermado de cáncer, y otros agentes sufren temblores y varices en las piernas. Los afectados denuncian que las ondas electromagnéticas de una subestación eléctrica cercana pueden ser las culpables.

Junto a la comisaria de policía se encuentra una subestación eléctrica: una instalación que ha sido señalada como “sospechosa” de ser la causante de los graves problemas de salud que padecen varios agentes desde que están destinados en esta comisaría. Tumores en el pecho, en el pulmón…

Según han relatado los afectados, a cuatro agentes municipales y a una trabajadora de la limpieza de las dependencias policiales les han salido tumores en los últimos tiempos.

A la limpiadora, en concreto, le fue detectado un tumor en el pecho, mientras que los policías sufren tumores en el pulmón o en el sistema linfático, entre otros órganos afectados. Por ahora, uno de los policías al que se le detectó cáncer ha sido trasladado de comisaría.

Los problemas de salud en esta comisaría de Arganzuela no se limitan a estas cinco personas: según explican, a otros agentes de la Policía Municipal les salieron varices en las piernas. Además, un mando policial ha sufrido frecuentes temblores, también en las piernas.

Para comprobar si esta radiación es perjudicial para la salud, los afectados ya solicitaron una medición del electromagnetismo, que dio resultados negativos: no se detectaron niveles peligrosos de radiaciones. Sin embargo, los enfermos denunciaron que en el momento en que se realizó esa inspección, la subestación no estaba funcionando a pleno rendimiento, sino al mínimo.

Tras casi 11 años de peleas, la vecina de Canido Fini Manso consiguió que retirasen una antena de telefonía móvil instalada muy cerca de la terraza de su vivienda, en el edificio número 32-34 de la calle Alegre, Ferrol.
La semana pasada, la compañía propietaria desmontó los equipos y la terraza recuperó su estado anterior. La vecina se había dirigido al Concello de Ferrol para reclamar que la quitaran. La autoridad municipal le dio la razón y ordenó a la empresa que procediese a desmontar la antena, si bien contra esta decisión la compañía presentó un recurso y luego inició acciones judiciales en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol. Este órgano ratificó la decisión municipal, pero contra esta sentencia recurrió Retevisión Móvil, S. A. ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que rechazó el recurso y confimó el fallo de Ferrol. Esto ocurría en el 2009 y hasta la pasada semana no se ejecutó tal sentencia. Fini Manso ha explicado que durante estos años acudió a todos los estamentos desde el Concello hasta la Xunta y probó, explica, que el campo electromagnético del entorno de la antena era peligroso para la salud. Además generaba mucho ruido por los ventiladores. «Aprendí mucho durante estos años y comprobé también que las operadoras hacían lo que les daba la gana», afirma.