El partido socialista de Yecla ha llevado al pleno una moción pidiendo al Ayuntamiento que apoye las reivindicaciones de los vecinos del barrio García Lorca que exigen la retirada de las antenas de telefonía móvil puesto que ellos consideran que son las causantes de un número elevado de enfermedades graves.

“El barrio de Lorca se está viendo afectado por muchísimas enfermedades y trastornos graves que podrían estar relacionados con la presencia de las antenas de telefonía móvil y que incluso muchos vecinos se hayan marchado por miedo a las consecuencias de seguir viviendo cerca de estas antenas” afirma uno de los vecinos.

A ello hay que añadirle que, en caso de confirmarse esta situación, se trataría de una zona de alto riesgo por la cercanía al propio jardín de la Plaza, un colegio de primaria a 200 metros, un centro de lectura, un Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato a 250 metros y
dos colegios más de Primaria también muy próximos” ha explicado el edil socialista Salvador Santa al presentar la moción que su Grupo presentará al próximo pleno.

Salvador Santa, el portavoz socialista, ha exigido que “ante la existencia de esta importante demanda social el Grupo Municipal Socialista, en aplicación del Principio de PRECAUCIÓN y con el objetivo de ofrecer la necesaria seguridad para la salud de nuestros ciudadanos, considera conveniente y necesario que el Ayuntamiento de Yecla se comprometa a iniciar los trámites para la realización de los estudios técnicos y mediciones necesarias que permitan trasladar estas antenas a una ubicación que ofrezca mayor seguridad y garantías a los vecinos del municipio“.

El concejal socialista ha destacado que la moción pretende apoyar las demandas de los vecinos, solicitar la realización de los estudios técnicos y mediciones necesarias y el compromiso de que el próximamente todas las antenas sean remplazadas fuera del casco urbano y situadas donde no supongan un riesgo para la salud pública.

Veintidós forenses han escrito un informe médico en el que se de los riesgos para la salud derivados de un transformador eléctrico existente en el Palacio de Justicia de Alicante y han expresado a la Generalitat su negativa a ocupar sus puestos de trabajo si estos son ubicados sobre esa  tras la reforma integral del edificio.

Estas obras serán adjudicadas el próximo mes de febrero y comenzarán en marzo, según ha anunciado el presidente del Consell, Alberto Fabra, durante la inauguración de la remodelación de otro edificio judicial de la ciudad, el de la Audiencia Provincial.

En octubre, la delegada de Intersindical Justicia, sindicato en la provincia de Alicante, Mari Carmen Cuenca, se dirigió de nuevo a la Conselleria para reiterar su oposición a la futura ubicación del IMLA (Instituto de Medicina Legal de Alicante) y adjuntó un informe suscrito por todos los forenses del partido judicial en el que se recoge que la a largo plazo a radiaciones electromagnéticas puede provocar patologías como “cáncer de mama, tumores cerebrales o leucemia infantil”.

El , que cita una amplia bibliografía científica destaca asimismo riesgos potenciales de alteraciones neurológicas y del comportamiento como “depresión, alzheimer, parkinson y ELA”, trastornos cardiovasculares y alteraciones inmunológicas y reproductivas.

Los forenses admiten que no existe un “mecanismo biofísico” que pueda permitir una medición exacta de los efectos a largo plazo de las radiaciones y su asociación a las enfermedades, cosa que sí ocurre con la exposición a corto plazo, pero explican que la única protección posible frente a esos campos magnéticos, cuando estos son intensos, consiste en “limitar la presencia del ” junto a ellos.

“Consideramos inadmisible que las dependencias del IMLA se encuentren ubicadas junto a un transformador”, concluyen en su escrito, que Intersindical Justicia ha remitido a la Conselleria, sus Dirección General y Dirección Territorial, el fiscal jefe de Alicante, el presidente de la Audiencia Provincial y los organismos responsables de la prevención de ..

Uno de estos organismos, el Institut Valencià de Seguretat y Salut en el (Invassat), respondió que, una vez consultada, la Conselleria le había comunicado que la reforma está en “fase de anteproyecto y  de licitación y se desconoce la ubicación definitiva del IMLA”, si bien iba a evaluar la futura distribución de dependencias para “asegurar el cumplimiento” de las legislación sobre seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Sin embargo, Intersindical Justicia sostiene que este año, en una reunión que mantuvo con el director del IMLA y los jefes de Servicio de Clínica y de Patología, el arquitecto responsable de las obras les comunicó que la ubicación de las forenses “era inamovible”.

Se trata de un escrito que ha presentado el concejal de educación de Hospitalet de Llobregat, Lluis Esteve,a la ministra de educación de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, para expresar el malestar respecto a las redes wifi en los centros educativos.

En este escrito se demanda que se lleve a cabo la medición de la radiación que sufren los alumnos de los centros y que se sustituyan las redes wifi por cableado convencional.

El Gobierno municipal de Donostia prepara una nueva ordenanza municipal para la instalación de antenas de telefonía que se aprobará en enero, según anunció el concejal de Medio Ambiente, Axier Jaka, que aseguró que la normativa actual, que data de 2002, debe modificarse para “adecuarse a las recomendaciones de los informes de especialistas”.

La nueva norma será “garantista”, según dijo Jaka, y tratará de impedir que las emisiones sean superiores a 0,1 microvatio por centímetro cuadrado, tal y como aconseja el Consejo de Europa. En la actualidad, la normativa prohíbe que las emisiones sean superiores a los 450 microvatios por centímetro cuadrado, según establece la ley estatal, aunque el Ayuntamiento considera que con menores emisiones, del nivel de las aconsejadas, se puede seguir ofreciendo el actual servicio de telefonía móvil que reclama la sociedad.

Uno de los expertos consultados por el Gobierno municipal para redactar la nueva norma, Pedro Costa, manifestó ayer que “se pueden aplicar normativas más garantistas sin ningún problema para el servicio de telecomuncaciones, como se hace en países como Italia, Bélgica, Luxemburgo o Lienchestein”. Por su parte, el investigador José Luis Bardasano, inició en los problemas de salud que acarrean las radiaciones no ionizantes.

El Ayuntamiento de Donostia realizó un estudio sobre emisiones hace año y medio, en el que se analizaron 42 puntos urbanos en distintos momentos. Aunque todos los lugares cumplen con las normativas legales, el 38% de los puntos estaban por debajo de las indicaciones del Consejo de Europa, el 29,7% se hallaban en torno a esa cifra, mientras que el 31,% restante superaba los niveles recomendados.

La ordenanza, pues, tratará de impedir que las antenas de Donostia superen estos límites.

La Defensora del Pueblo defiende la constitucionalidad de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, a pesar de que diversas asociaciones han puesto en su conocimiento una sólida y numerosa argumentación científica que alerta de los graves daños a la salud que producirá su aplicación, al estar claramente dirigida a facilitar con menores controles la implantación de las redes de telecomunicaciones en España.
Dice que la vulneración por una ley de tratados internacionales ratificados por España y del Derecho de la Unión Europea no convierten a una Ley en inconstitucional, a pesar de que según la propia Constitución, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.
Señala que el legislador ha buscado atajar algunas prácticas consistentes en que bajo el título de la protección ambiental lo que algunas administraciones han buscado ha sido dejar sin efecto la legislación de telecomunicaciones, sin argumentar los motivos por los que esto ha ocurrido (protección de la salud).
Dice que las referencias a la salud y al medio ambiente en la Ley son numerosas, pero no es capaz de citar más de media docena de disposiciones que se refieran a ello en una Ley que contiene 84 artículos, 19 disposiciones adicionales, 12 transitorias, una derogatoria y 11 finales.
Dice que la Ley no ha prescindido del principio de precaución, aunque reconoce que ni siquiera es citado.
Dice que dicha Ley no incide de forma directa en la salud, aunque reconoce que las materias que regula recaen sobre objetos y artefactos que inciden en la salud y que existe incertidumbre científica sobre el riesgo existente ante el despliegue de las telecomunicaciones y sus efectos.
Dice que no se deduce que las personas u organizaciones firmantes de la solicitud de inconstitucionalidad de dicha Ley se hayan dirigido a los Ministerios competentes, ni aportado las respuestas que éstos hayan podido dispensarles, pero tampoco se ha molestado lo más mínimo en requerirles dicha documentación.
Comenta que la opinión del Defensor del Pueblo sobre las cuestiones planteadas ha quedado plasmada en informes anuales anteriores, poniendo como ejemplo el informe correspondiente a 2006, cuando ha habido mucha más información científica sobre esta materia en los ocho años posteriores a dicha fecha. Sorprende que si como dice la Defensora del Pueblo, muchos de los estudios planteados eran ya conocidos por la Institución, no haya iniciado hasta ahora de oficio ninguna actuación monográfica relativa a la actuación de las Administraciones públicas en esta materia. También sorprende que para demostrar cómo se informa al público sobre estas cuestiones tenga que remitirse a la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en vez de al de Sanidad, que por competencias debería ser el que realmente interviniera en ese aspecto.

Los vecinos del barrio Fuente de Piedra, en Málaga, temen por su salud, desde que hace unos 25 años la empresa Telefónica colocará una antena de telefonía móvil en pleno centro. Esta mide unos 40 metros de altura y se sitúa a menos de un metro de distancia de las viviendas que la rodean. Una antena que tiene en jaque a los vecinos, que viven en una constante incertidumbre, por el importante número de casos de cáncer detectados y que relacionan con las ondas electromagnéticas.

«Nadie nos puede asegurar que si estamos 40 ó 50 años viviendo y durmiendo al lado de la antena no nos perjudique la salud, porque hay informes que dicen que las ondas que transmiten las antenas de telefonía suben un grado la temperatura de las células del cuerpo y nadie sabe si pueden volverse cancerígenas» señaló Francisco Ríos, quien tiene su vivienda justo debajo de la antena.

Ríos, en nombre de los vecinos, agrupados en la Plataforma Vida Sana, solicitó a Telefónica que cambien de ubicación la antena que «pueden colocar a las afueras del municipio, pero como el terreno en el que esta es suyo no quieren». Las ondas electromagnéticas de la antena, «afectan a todo el municipio» porque «cientos de informes de científicos recomiendan que no haya gente a menos de un kilómetro, así que puedes estar trabajando 8 horas bajo esa onda, pero no vivir cerca».

Asimismo, basándose en los criterios establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, los vecinos concretan que los campos electromagnéticos «deben considerarse como posible carcinógeno humano». En este sentido, Ríos se mostró preocupado por los casos de cáncer que a lo largo de estos 25 años se han detectado en la Avenida de Andalucía, donde se sitúa la antena, destacando «cuatro casos infantiles, tres casos de muerte y tres personas mayores que han superado el cáncer, además de un familiar que hace poco le dijeron que tenía cáncer de ganglios».

Así, los vecinos destacan que la antena no es ilegal, aunque supera los 30 metros que recomienda el Servicio de Asesoramiento Técnico e Información de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero «nos da insomnio, cansancio crónico, dificultades para dormir, o dolor de cabeza por la inquietud de que esa antena este ahí», señala Ríos.

Francisco García, otro vecino de la avenida de Andalucía, insiste en que «nadie va a decir que los canceres se han producido por la antena», pero «personas sanas están teniendo unos canceres muy raros, por ejemplo de ganglios y otros tienen problemas de cabeza, han aparecido enfermedades raras, perdida de movilidad o de entendimiento».

Del mismo modo, García incidió que el Tribunal Supremo «reconoce en varias sentencias que las antenas de telefonía móvil tienen efectos significativos en la salud humana y el medioambiente». Por su parte, Antonio Muñoz Canela, cuya vivienda se sitúa cerca de la torre de Telefónica, califica la «antena es monstruosa», pero «algunos técnicos nos muestran que tendríamos que dar gracias por las bondades de la antena, una cosa que no es de recibo». Muñoz insistió en la injusticia de «no poder dormir tranquilo por no saber qué nos va a pasar». Inmaculada Salguero sostiene que «la antena buena no es» y es que «hay muchos casos más de cáncer cerca de ella que en el resto del municipio; de hecho un joven que formaba parte de la plataforma falleció de cáncer hace unos meses con 46 años».

La operadora Vodafone ha desmontado una antena de telefonía móvil instalada en la cortijada Los Pérez de Vélez-Málaga, a la que los vecinos culpan de los más de cincuenta casos de cáncer que se han dado en los últimos años entre los 350 habitantes de esta barriada.

Los afectados culparon de la situación a la antena, con la que conviven desde hace dieciocho años, aunque las mediciones efectuadas corroboraron que el nivel de emisiones estaba dentro de los límites establecidos por la ley.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ordenó en noviembre del 2009 su retirada, no por la incidencia de esta estructura sobre la salud de los vecinos de la zona, sino porque fue instalada en 1995 sin que la operadora tuviera licencia para ello. Esta orden municipal fue recurrida por la empresa en los tribunales, pero después de años de litigio se ha alcanzado un acuerdo definitivo para su retirada, que comenzó en diciembre del 2011, aunque los vecinos han tenido que esperar dos años y medio más para el desmontaje definitivo de esta instalación radioeléctrica.

La concejala de Urbanismo y Nuevas Tecnologías, Concepción Labao, ha mostrado su satisfacción en un comunicado por la culminación de las negociaciones entre el Ayuntamiento y la empresa Vodafone con la retirada de la antena, que carecía de licencia y que ya ha dejado de emitir señal.

Labao ha señalado que el equipo de gobierno, desde su llegada al Ayuntamiento en junio de 2011, ha intentando buscar una solución a esta situación. «Pese a no conseguirse la autorización del juez para actuar sobre esta antena, la opción que nos quedaba era la de negociar con su propietaria, y tras varias reuniones a lo largo de los últimos años, Vodafone ha entendido la petición de los vecinos y del propio Ayuntamiento y esta mañana ha procedido a su retirada», ha manifestado la concejala. «El control de las emisiones de las antenas las realiza el Ministerio de Industria, y hemos trabajado en campañas de concienciación sobre este tema y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad sobre este asunto, ya que en la actualidad hay más controles que nunca sobre sus emisiones», ha precisado Labao.

Los vecinos de la calle Salvino Sierra de la capital palentina y su entorno darán en los próximos días un paso más en su protesta: colgarán carteles que muestren a los palentinos su oposición a la instalación de dos antenas de telefonía móvil en la zona.
Los presidentes de las comunidades afectadas mantuvieron una reunión, en la que se adoptó la medida de los carteles y en la que se propuso informar sobre los posibles riesgos que conlleva habitar cerca de una antena de telefonía móvil.
Los afectados han invitado a gente especializada en el tema, concretamente de la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas de Telecomunicaciones (Avaate), que integra a personas que padecen o han padecido las consecuencias de la instalación, generalmente ilegal, de antenas cerca de sus domicilios o lugares de trabajo.
La intención de los afectados es concienciar tanto a los vecinos de la zona como al resto de palentinos, de ahí que también hayan invitado a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia.
Por otra parte, continúa la recogida de firmas entre los afectados y el enfado con el Ayuntamiento capitalino no ha disminuido. De hecho, los cambios que se han llevado a cabo en la instalación de una antena en los últimos días, que ahora luce con mayor diámetro, ha despertado nuevas quejas entre los vecinos, cuyos portavoces critican no tener noticias del Ayuntamiento sobre sus quejas y peticiones.

La nueva ley de telecomunicaciones anula la necesidad de que una operadora cuente con licencia para colocar repetidores además el Gobierno podrá expropiar azoteas para instalar antenas de telefonía sin contar con los vecinos. Los municipios se rebelan contra la norma por invadir sus competencias.

El artículo 29 de la nueva norma establece que «los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones electrónicas.». Si el Ministerio de Industria, entiende que no hay más remedio, una comunidad de vecinos podría ver cómo se instala de manera obligatoria una antena en su azotea, a pesar de la alarma social que generan estas infraestructuras por los posibles problemas de salud que puedan ocasionar.

Este aspecto, que afecta en gran medida a Galicia debido a las complicaciones que para las telecomunicaciones ofrece su orografía, marca un cambio rotundo en este terreno, pues hasta ahora la instalación de antenas requería el consentimiento de los propietarios, así como dos licencias municipales. Ambos trámites podrán quedar en el cajón con el nuevo marco legislativo.

La norma fue aprobada el pasado día 29 de abril en el Congreso y ya emboca la recta final de su tramitación en el Senado. Los alcaldes ya han alzado la voz de alarma. El asunto ha sido debatido en la cúpula de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con gran malestar por los alcaldes. Además, la federación nacional (FEMP) ha presentado alegaciones arremetiendo contra el texto.

Los ayuntamientos, conscientes del rechazo que suelen provocar las antenas, no quieren ser relegados a la hora de decidir su instalación porque serán ellos quienes lidiarán luego con las quejas vecinales. Además, falta un año tan solo para las próximas elecciones municipales.

El impacto visual es otro elemento sobre el que los municipios pierden poder, pues la ley permitirá «despliegue aéreos y por fachadas de cables» de telecomunicaciones. La FEMP entiende que se vulnerarán miles de planes urbanísticos que no permiten esos cables al aire en fachadas.

La operadora Vodafone ha desinstalado la antena de telefonía móvil instalada en la cortijada Los Pérez de Vélez-Málaga, a la que los vecinos culpan de los más de cincuenta casos de cáncer que se han dado en los últimos años entre los 350 habitantes de este barrio. Los afectados culparon de la situación a la antena, con la que conviven desde hace dieciocho años, aunque las mediciones efectuadas corroboraron que el nivel de emisiones estaba dentro de los límites establecidos por la ley.

Sin embargo, el Ayuntamiento ordenó en noviembre del 2009 su retirada porque fue instalada en 1995 sin que la operadora tuviera licencia para ello. Esta orden municipal fue recurrida por Vodafone en los tribunales, pero después de años de litigio se ha alcanzado un acuerdo definitivo para su retirada, que comenzó en diciembre del 2011, aunque los vecinos han tenido que esperar dos años y medio más para el desmontaje definitivo de esta instalación radioeléctrica.

La concejala de Urbanismo y Nuevas Tecnologías, Concepción Labao, ha mostrado su satisfacción en un comunicado por la culminación de las negociaciones entre el Ayuntamiento y la empresa Vodafone con la retirada de la antena, que carecía de licencia y que ayer dejó de emitir señal.

La edil ha felicitado a los vecinos y ha querido agradecer «su paciencia», ya que llevaban más de seis años exigiendo esta retirada, «que sólo ha podido acometerse mediante el diálogo y la negociación, ya que el consistorio no contaba con autorización judicial para la entrada al recinto de la antena». «Pese a no conseguirse la autorización del juez para actuar sobre esta antena, la opción que nos quedaba era la de negociar con su propietaria, y tras varias reuniones a lo largo de los últimos años, Vodafone ha entendido la petición de los vecinos y del propio Ayuntamiento y esta mañana ha procedido a su retirada», ha manifestado la concejala.

Por otro lado, ha señalado que, desde hace más de un año, el consistorio viene trabajando y consensuando con las operadoras para la regularización de estas instalaciones radioeléctricas. «El control de las emisiones de las antenas las realiza el Ministerio de Industria, y hemos trabajado en campañas de concienciación sobre este tema y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad sobre este asunto, ya que en la actualidad hay más controles que nunca sobre sus emisiones», ha precisado la concejala.